La jueza federal subrogante Mariela Giménez usó 419 páginas para fundar su decisión de sobreseer al camionero Héctor Romero de la acusación de haber dado muerte a María Cash el 8 de julio de 2011. 

"Luego de analizar exhaustivamente las evidencias digitales, las conversaciones, los informes forenses y las entrevistas psicológicas realizadas, no se encontró evidencia suficiente que permita sostener con el grado de probabilidad requerido, la responsabilidad de Romero en el hecho imputado", concluyó la jueza. 

Agregó que las evaluaciones psicológicas y criminológicas sugieren que el perfil del imputado es estable, emocionalmente equilibrado y sin características que indiquen predisposición hacia conductas ilícitas o rasgos psicopáticos. En definitiva, las pruebas no aportan elementos suficientes que permitan vincular a Romero con el delito en cuestión bajo los estándares exigidos en este estadio en lo que atañe al perfil psicológico, criminológico del imputado y el análisis de las escuchas telefónicas", ratificó. 

Romero viene involucrado en este proceso casi desde el momento en que se inició la búsqueda de María Cash, cuyo rastro se pierde en la rotonda de la ciudad de General Güemes, en horas de la tarde del 8 de julio de 2011. Hacía dedo sobre la ruta nacional 34 y el camionero, que transportaba mercadería desde Güemes a Joaquín V. González, la levantó en ese punto y asegura que la joven se bajó poco después, a la altura del paraje Palomitas, poco antes del oratorio a la Difunda Correa. 

En noviembre de 2024, tras una serie de reconsideraciones de los datos incorporados al voluminoso expediente, el fiscal federal general Eduardo Villalba pidió la detención de Romero y lo imputó en calidad de autor de "homicidio agravado por alevosía". 

Ayer el fiscal adelantó que presentará un recurso de apelación, dijo que el sobreseimiento le resultó "sorpresivo porque la causa estaba en tramitación, con medidas pendientes". "No estamos para nada de acuerdo con lo decidido, teniendo en cuenta que se ha sustentando en prueba malinterpretada a nuestro modo de ver y que ya existía antes, o sea, no es algo novedoso que pueda llegar a variar el ánimo del juez", aseguró.

Agregó que la decisión "implica privar a la fiscalía, y obviamente a la familia de la víctima, de llegar a un juicio oral donde los familiares de la víctima puedan conocer qué es lo que realmente pasó". "Como toda decisión, se respeta y no nos queda más remedio que utilizar los carriles que nos da la vía procesal para impugnarla”, insistió.

Nuevos sospechosos 

Con el sobreseimiento de Héctor Romero, la investigación parece haber retrocedido varios casilleros (solo en caso de que fuera culpable) y, al menos en el entendimiento de la jueza, se abren otras hipótesis. En este caso, la magistrada dejó abierto un interrogante sobre la familia Crespín, que tiene una gomería y un comedor en la zona donde el camionero dice haber dejado a María Cash. 

En el sobreseimiento la jueza reconstruyó los pasos previos de la joven antes de su desaparición. Recordó el "elemento objetivo con el que cuenta la pesquisa", las imágenes captadas el 8 de julio de 2011, a las 14.27, por la cámara de seguridad ubicada en el ex peaje Aunor, en la ruta nacional 9, en el sur a la ciudad de Salta. 

A las 14.30 aproximadamente, Cash subió a una camioneta que la llevó hasta la rotonda de Güemes, conocida como “Torzalito”. Por testimonios se sabe que alrededor de las 16 subió al camión Mercedes Benz que conducía Romero, quien sostiene que la dejó cerca de la Difunta Correa. 

La jueza reseñó hipótesis relevantes sobre el destino de María Cash: que el hombre la mató en el mismo camión; que efectivamente se bajó y fue levantada por otra persona o ingresó a una vivienda. Se abren así "un sin número de posibilidades que también podrían haber existido, pero las desconocemos y no tenemos indicios ni pistas que nos permitan vislumbrarlas", señaló. 

Si la joven bajó en el lugar que sostiene Romero, "la lógica y el sentido común nos permiten pensar que bien podría haber recurrido a la casa situada allí perteneciente a la familia Crespín, a la gomería, al comedor y lugares que se encuentran asentados en esas inmediaciones, a solicitar ayuda, a buscar donde hospedarse o requerir agua", sobre todo teniendo en cuenta que "se trata de una zona despoblada donde funcionaban exclusivamente los negocios mencionados de la familia Crespín", afirmó Giménez.

En esta línea, recordó que los resultados del allanamiento y rastrillaje efectuados sobre ese lugar el 27 de noviembre de 2017, arrojaron resultado negativo, pero le llamaron la atención datos asentados en las actas que dan cuenta de que el perro que ayudó a la búsqueda, "marcó en cuatro oportunidades interés en un basurero que se encontraba en la vivienda, el cual estaba conformado por un tanque de metal de 200 litros que se utilizaba para los desperdicios y quema de los mismos”.

Asimismo, resaltó "las numerosas contradicciones en que habrían incurrido Ramón Venerando Crespín y Ramón Alejandro Crespín (moradores de la vivienda asentada en la zona de la Difunta Correa) en sus declaraciones testimoniales". 

Entre otras contradicciones, la jueza recordó que padre e hijo aseguraron que si María Cash hubiera bajado en ese lugar la habrían visto, tanto ellos como "Porota", una vendedora de velas en el santuario. Venerando incluso sostuvo que "la persona que declaró haberla dejado en la Difunta Correa, estaba mintiendo" porque de ser así, la hubieran visto sí o sí. Sin embargo, en declaraciones a Gendarmería la familia dijo que "Porota" no estuvo ese día. 

"Surgen cuanto menos, inconsistencias en los dichos de la familia Crespín que merecen en el caso una especial atención, lo que en el marco del expediente fue planteado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (propuesto oportunamente para investigar los hechos por la Fiscalía Federal) quienes posteriormente la descartaron, sin fundamentar exactamente los motivos por los cuales desechaban la hipótesis", aseguró la magistrada.

Por qué no fue Romero 

En cuanto a la imputación a Romero, la jueza rechazó una por una las razones de la fiscalía para esta acusación. 

En cuanto a las contradicciones entre las declaraciones testimoniales de Romero, no las negó, pero recordó que "fueron declaradas nulas y como consecuencia de ello, no pueden ser valoradas por este Tribunal".

Respecto a la falta de colaboración del camionero con la búsqueda de la joven, la magistrada afirmó: "No puede achacarse al nombrado falta de colaboración por la sola circunstancia de que no se haya presentado personalmente" antes del momento en que fue requerido por los investigadores. Añadió que no está probado que la desaparición tuviera estado público para el momento. Además, otros testigos actuaron de la misma manera, yendo a declarar recién una vez que fueron ados, agregó. 

En relación a que el camionero dijo primero que había levantado a María Cash, luego afirmó que no podía asegurarlo, y a que la describió de manera distinta a otros testigos, la jueza consideró que no se puede considerar esa "circunstancia como un indicio de suma relevancia". "No hallamos sustento técnico o científico que permita vislumbrar que aquella descripción debiera haber sido de un modo u otro, entendiendo que las percepciones son únicas y exclusivas de cada persona", dijo. 

Sobre la determinación del recorrido del camionero, la jueza sostuvo que los estudios del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) sobre los que la fiscalía sustentó su hipótesis no fueron realizados en el marco de una pericia, "entendiendo este Tribunal que las conclusiones deben estar basadas en pruebas técnicamente fundadas, controladas por las partes, y sujetas a contradicción, como lo son las pericias". 

Y agregó que los peritos de Gendarmería Nacional refirieron que: “En el caso del ciudadano Héctor Romero, los registros de llamadas y el impacto de celdas proporcionados no permiten determinar con precisión sus desplazamientos durante el periodo analizado”. 

Por otra parte, la magistrada afirmó que "la falta de evidencia física que sugiera un crimen, junto con las conclusiones de las pericias criminológicas, subraya la importancia de adoptar un enfoque cuidadoso y objetivo al evaluar la situación procesal del imputado, pues la ausencia de pruebas concluyentes dificulta a esta altura del proceso sostener la acusación de que Romero haya causado la muerte de María Cash". 

Asimismo, entre otros aspectos, señaló que las conclusiones periciales respecto de los aspectos psicológicos y criminológicos de Romero efectuadas por Gendarmería Nacional, "permiten vislumbrar que el nombrado no presenta riesgo criminal".