La bandera fucsia de Ni Una Menos, Vivas y Libres Nos Queremos ondeaba junto a la de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Detrás de ambas, un megáfono agitaba: “Olé, olé, olé, ola, lo dijo Lohana y Sacayán, al calabozo no volvemos nunca más”. Detrás de las banderas, algunas mujeres levantaron flores y racimos de acelga. Una de ellas era Carolina Rodríguez, del cordón hortícola de La Plata. Productora, promotora de género y de salud en el ámbito rural, participa de la movilización junto a Mujeres de la Tierra para defender los derechos conquistados durante años. Carolina subrayó a Las12 que el rol de promotora rural fue una construcción propia dentro del sector, históricamente olvidado y excluido de políticas públicas. “El feminismo no existía en el campo” dijo, refiriéndose a un proceso de organización que logró instalar esas prácticas colectivas. Las mujeres campesinas se sostienen gracias a redes solidarias: distribución de bolsones agroecológicos, producción de tinturas madre, sahúmos y ungüentos, y el acompañamiento entre compañeras, hoy funcionan “como podemos, porque muchos programas se dieron de baja”, pero siguen adelante.
En Sáenz Peña y Avenida de Mayo, a cuatro cuadras del Congreso, avanzaron las históricas Argentinas Travestis y Trans Sobrevivientes. La activista trans Erika Moreno reclamó: “Estamos acá hace 10 años, porque nos están avasallando los derechos. El movimiento transfeminista está en todo el país, y estamos por la reparación histórica y para que en algún momento se trate el proyecto de ley que reconozca y repare todo el daño que nos hicieron”.
La unidad ante el ajuste y la bronca por la crueldad se imprime en carteles, pancartas, banderas y remeras: “Los jubilados son la patria”, “Capacitismo es fascismo”, “Los derechos no se jubilan”. Para quienes marchan todos los miércoles y están acostumbradxs a recibir los palos de la policía, la cantidad de gente no fue menor: se trasluce como una esperanza de apoyo, de resistencia.
Así lo expresó Ana María, integrante de Jubilados Insurgentes: “es re importante estar acá hoy. Es una fiesta. No se ve un solo policía”, dice con la voz alta y entrecortada. Una observación que representa una posibilidad este miércoles: nadie se fue a ir con los ojos y la piel ardidos por el gas lacrimógeno. Mientras, una de sus compañeras sostenía un cartel que decía: “La realidad tarde o temprano, va a ser como la soñamos”.
“Estamos con la canasta básica superior a nuestra jubilación, ¿cómo quieren que hagamos para vivir? Queremos que nos devuelvan los medicamentos. Ya no tenemos derechos”, reclama Ana, haciendo referencia a datos concretos: según el INDEC, la canasta básica para adultos mayores supera el millón de pesos, mientras que el haber mínimo apenas pasa los $300.000, además tanto medicamentos como alquileres continúan desregulados.
Cris consiguió jubilarse gracias a la ley de moratoria previsional. Tiene 85 años, trabajó toda su vida como maestra jardinera y se dedicó también al cuidado de sus hijxs, nietxs y su madre. Lleva una bandera de Palestina en la espalda y considera que es momento de visibilizar todas las injusticias. Hoy está preocupada por sus hijas: una tiene 63 años y la otra 55, y ninguna podría jubilarse. La moratoria previsional implicó el reconocimiento del aporte que hacen e hicieron toda su vida las mujeres que se dedicaron al trabajo doméstico y de cuidados, o sin un empleo formal. Hoy, solo el 6% de las mujeres de 60 años en Argentina reúne los 30 años de aportes necesarios. El resto necesita la moratoria. Al quitarla, deberán esperar hasta los 65 para acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).
Las estadísticas de ANSES muestran que apenas 1 de cada 10 mujeres podrán jubilarse y solo 3 de cada diez varones (en esos términos binarios suelen realizarse los estudios oficiales). El impacto sobre las mujeres responde a razones estructurales: despidos, interrupciones laborales como la de Cris, que dejó de trabajar para cuidar a su madre. A esto se suma la precariedad laboral, que también afecta directamente a mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, que al insertarse en el mercado laboral lo hacen sin aportes o de manera informal y suelen asumir el cuidado de familiares mayores o personas dependientes sin reconocimiento económico. Estas desigualdades estructurales lxs deja en situaciones de precariedad extrema, la pregunta “¿dónde está Tehuel?”, sigue resonando en cada marcha.
Valeria Salech, fundadora de Mamá Cultiva, lo dijo con claridad: “Yo soy mamá de una persona con discapacidad, con lo cual soy cuidadora, con lo cual no me voy a jubilar en la vida. A mí me toca por el lado de la discapacidad, de la moratoria, de las jubilaciones y además me toca porque soy mujer”. Y agregó: “Al ser mujer, tengo la obligación de sostener todo lo que el Estado va dejando de sostener. Este gobierno no quiere cuidar y entonces nos deja toda la labor a nosotras. Por eso nos van acorralando, estamos totalmente ahogadas”.
La bandera de la salud pública
El Hospital Bonaparte también se hizo presente. Sol es una de las trabajadoras despedidas: “Hubo renuncias porque con estas condiciones precarias nadie puede sostenerse: contratos basura y sueldos por debajo de la línea de pobreza”, denunciaba. Estos recortes afectan especialmente a los dispositivos territoriales y a la RISAM (Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental), que no solo dejó de abrir cupos, sino que además no entrega los títulos de especialización a quienes ya finalizaron su formación.
Amelia, que aún trabaja en el Bonaparte, advierte que el hospital contaba con un área de salud integral que atendía al 70 por ciento de la población travesti-trans en procesos de hormonización (junto con los hospitales Durand y Fernández). “Hoy no se está entregando medicación, ni es posible garantizar la continuidad de los tratamientos porque el Ministerio decidió desguazar ese sector”. Según ambas trabajadoras, hay una decisión política deliberada de desfinanciar hospitales como el Bonaparte y el Garrahan, que trabajan con perspectiva interdisciplinaria, de género y derechos humanos: “En el Garrahan eliminaron la residencia de trabajo social. ¿Qué significa eso? Que quieren sostener el modelo médico hegemónico que hace de la salud un negocio”.
Pato trabaja en el Hospital Garrahan desde hace 12 años y describió este momento como el más crítico que le tocó atravesar: “Se está perdiendo la calidad del hospital, lo estamos viendo desde adentro”. La falta de financiamiento y la pérdida de recursos humanos amenazan el carácter emblemático del hospital como centro de referencia nacional y latinoamericano. Señaló que el Garrahan sigue siendo el último eslabón de atención incluso para personas con obras sociales o prepagas, cuando el sistema privado no da respuestas. A pesar del agotamiento, destacó el compromiso del personal: “se sostiene por el esfuerzo extremo de quienes trabajamos acá, pero ya no damos más. Nuestro sueldo está estancado desde hace ocho meses. Hicimos diez paros el año pasado y no obtuvimos nada. No hay diálogo con el nuevo Consejo de istración”. Hasta ahora, más de 200 profesionales formados en el hospital se fueron.
“A mi hijo le salvaron la vida dos veces en el Garrahan”, dijo Jackeline, docente. Su hijo fue atendido por una complicación en las plaquetas que la obra social no cubrió. Esta vez se movilizó con su hermana y con un cartel que decía: “Soy psicopedagoga. Mientras atiendo a mis pacientes, su mamá marcha”, que hizo la terapeuta de sus hijxs. Como madre de dos niñes con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), sabe que sin la salud pública no habría tratamiento posible. “El acompañante terapéutico es un rol fundamental. Sin terapia, mis hijos no serían lo que son hoy”, dijo, y remarcó que muchxs profesionales sostienen los tratamientos incluso en crisis, fuera de horario y sin cobrar extra. “Es injusto lo poco que les están pagando. También marcho por mi sobrina, víctima de un intento de abuso, y por mi mamá, jubilada ciega que cobra la mínima. No me alcanzan los carteles ni las manos para todo lo que quiero decir”.
Cuando el Estado se retira, ¿quiénes cuidan? El gobierno de Milei efectivizó los recortes con rapidez, saña y una estrategia clara: negar que exista un problema y ajustar sin perspectiva. Según el informe de Amnistía Internacional sobre los primeros 100 días de gestión, entre las personas con menores ingresos, dos de cada tres son mujeres. En su discurso desconoce que cualquier decisión de política económica tiene un impacto diferencial por género. Porque el ajuste impacta diferente y mucho más sobre mujeres y personas LGBTQ+. La feminización de la pobreza es una realidad concreta que se traduce en números y estadísticas lo registró La Cocina de los Cuidados, una iniciativa intersectorial que monitorea qué pasa con las políticas de cuidado en la Argentina: “De 43 políticas analizadas, 21 se descontinuaron, 15 están en alerta y apenas 7 se mantienen activas”. En el primer bimestre de 2024, el programa Acompañar y la Línea 144, de atención a víctimas de violencia de género, redujeron su presupuesto un 65 por ciento.
El 16 de mayo, el ministro de Justicia se jactó en redes sociales de eliminar “13 programas ideológicos”. Al menos cuatro de ellos trabajaban directamente contra la violencia de género. Se trataba de redes activas, territoriales, que articulaban con comunidades y acompañaban a personas en riesgo. Hoy, no existen más. Ludmila sostenía un cartel que decía “Justicia por Norma Antonia Guevara”, su mamá y abuela de Zaira. Norma fue asesinada hace siete meses en Lomas de Zamora por su propio nieto, Cristian Eduardo José Robledo, quien convivía con ellas. Las atacó con un arma blanca; Zaira sobrevivió gracias a la intervención de su abuela. Aunque la causa fue elevada a juicio, Ludmila teme que quede impune, en un contexto de retroceso en las políticas de género. “La única que lo cuidó fue mi mamá... y él le quitó la vida”, dijo, mientras exigía justicia con un botón antipánico como única medida de resguardo.
El martes Marcela Heredia fue asesinada por el ex marido de su pareja. Un policía de la Ciudad de Buenos Aires que cometió el femicidio con el arma reglamentaria. En un comunicado que difundió la familia de Marcela expresan que fue “un femicidio por lesboodio” y responsabilizaron al Estado, ya que Gabriel Fernando Danielo tenía una denuncia y una perimetral vigentes.
Alguien de la columna Mostri, al caer la noche, dijo: “El cielo está trans”. Varies levantaron la vista. Las nubes y el rosado del atardecer armaron una bandera rosa, celeste y blanca. Hubo fotos, abrazos, cansancio. En los grupos de WhatsApp empezó a sonar la pregunta: “¿Cómo estuvo la marcha?”. Recuerdo la respuesta de Jackeline: “No alcanzan los carteles ni las manos para todo lo que quiero decir”.
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