Tal vez los equivocados hayamos sido nosotros, esos acontecimientos que nos resultan difíciles de asir, más que evidenciar la ruptura de un pacto democrático que creíamos construir y consolidar en estos últimos cuarenta años, no hacen más que hacer emerger una guerra soterrada que las ciencias sociales o, al menos, el mainstream de las mismas, prefirieron no ver.
Advertir que las modalidades desplegadas por las fuerzas de seguridad, desde el tratamiento de la Ley Bases en el Senado el 12 de junio del año pasado hasta la marcha de los miércoles de los jubilados, cada vez más recostadas en la ilegalidad, anticonstitucionales, que cercenan derechos reconocidos constitucionalmente, que despliegan detenciones arbitrarias, con la sospecha de involucrar infiltrados en manifestaciones pacíficas con el fin de legitimar ese desmedido uso de la violencia, no son excesos de la fuerza ante delitos perpetrados en el espacio público, no tienen como finalidad la prevención y represión de hechos delictivos.
El amedrentamiento y disciplinamiento de la protesta social que supone este modus operandi de las fuerzas de seguridad, tiene como objetivo aterrorizar a la población creando un clima de persecución, detención y castigo sobre quienes ejerzan el reconocido constitucionalmente derecho a la protesta. De manera que todo ello forma parte del repertorio de un gobierno que no puede itir la motosierra en lo económico sin el garrote en lo político.
2. El odio a los sectores populares no es una novedad. El siglo XIX está abarrotado de una literatura antipopular y, como parte de la misma, se encuentra el libro difamatorio contra Juan Manuel de Rosas escrito por José Rivera Indarte. El texto en cuestión es “Rosas y sus opositores” cuyo último tomo se titula “Tablas de sangre” y lleva un apéndice con el poco ambiguo título de “Es acción santa matar a Rosas”.
Un apéndice largo, donde exalta la figura del tiranicio, mencionando ejemplos históricos y justificaciones teóricas como Polibio, Cicerón, Locke, Grocio, Pufendorf. Sin eufemismos, Rivera Indarte afirma: “Todos los medios de derribar a Rosas presentan inconvenientes y demandan muchísimo tiempo y pérdidas de vidas, menos el tiranicidio” para sentenciar más adelante: “¡Cuántas lágrimas, cuántos desastres, cuánta sangre nos ahorraría la muerte de Rosas!”.
Si los medios te acusan, que el fin te excuse. La razón de estado que legitima derramar sangre, haciendo ingresar en un cálculo cuantitativo la sangre y la muerte como si fuera matematizable el dolor, sin atender el torbellino de decadencia y odio a los que esos consejos conducen.
El primer peronismo tuvo sus propias Tablas de sangre en “El libro negro de la segunda tiranía”, una suerte de informe realizado por una Comisión creada por decreto ni bien concretado el golpe de estado de 1955. Allí se expresa en relación a la muerte de Eva Perón: “Su muerte temprana evitó al país más graves perturbaciones en el período final de la tiranía”. Una vez más, ese cálculo que legitima y celebra la muerte, haciendo ingresar en ese cálculo el dolor.
La pintada en una pared de la ciudad de Buenos Aires con la leyenda “Viva el cáncer” mientras Eva Perón enfrentaba su enfermedad, se funde con quienes afirman que en las casas de las clases acomodadas antiperonistas se festejó su muerte descorchando botellas de Champagne. Esta celebración de la muerte es el festejo de los que están de aquel lado que, también, pretenden impedir el ritual fúnebre de despedida y de vitalidad que ese ritual trae aparejado.
Gabriel Giorgi dice: “El ritual humaniza la muerte separando, justamente, la persona de la no-persona, de la materia corporal e inscribiendo esa imago en los lenguajes, los símbolos, los relatos de una comunidad de sobrevivientes: la muerte propiamente humana, la que conserva la dignidad específica de una vida humana reconocida como tal en el espacio de la comunidad”.
La oligarquía celebra la muerte e impide el ritual que la funda constantemente a la memoria y al cuerpo colectivo. Para ello, no les bastó con gritar “Viva el cáncer”, no les bastó con el deseo y la consigna, fueron también por el cuerpo.
El subsecretario de Trabajo de la Libertadora, Manuel Raimundes, expresó: “Mi problema no son los obreros. Mi problema es ‘eso’ que está en el segundo piso de la CGT”. Eso que estaba en el segundo piso de la CGT de calle Azopardo era el cuerpo de Eva Perón y el problema, que se transforme en un lugar de peregrinaje, de encuentro, de construcción de comunidad.
Porque todo cuerpo se inscribe en un proceso natural y biológico, pero al mismo tiempo, en un proceso de construcción de la memoria colectiva, el ritual funerario permite deslindar un proceso de otro, el proceso biológico y el proceso a través del lenguaje, los símbolos y los relatos de una comunidad de sobrevivientes.
El secuestro de un cuerpo tiene como objetivo interrumpir este proceso, obturar esa separación y, por lo tanto, dificultar la producción de esa comunidad de sobrevivientes.
Una política del cadáver que tiene a la profanación como una de sus tecnologías con el fin de destruir los lazos que ese cuerpo creó con la comunidad, decidiendo qué cuerpos merecen ser memoria y cuáles olvido.
3. Casi sesenta años después, en noviembre de 2012 se producía una multitudinaria marcha contra el gobierno de CFK. En la misma aparecen carteles de los más diversos y entre ellos, algunos llamativos: “Muerte a la Cretina”. La muerte es una vez más convocada para pretender suturar un desacuerdo.
Diez años después se estuvo a poco de producir su consumación. En septiembre de 2022 una persona se acerca a CFK, alcanza a poner una pistola muy cerca de su cabeza y gatilla varias veces. La bala no sale, pero el hecho deja perplejo a gran parte del país.
El lazo entre aquel deseo de 2012 y esta voluntad fallida de concreción diez años después, la filiación entre aquel cartel en el Obelisco y el frio acero en Recoleta, transforma la ancha brecha entre la metáfora y la literalidad en un finísimo límite. Por ello lo inoportuna de la mención al féretro con Cristina dentro.
Si itimos que los mecanismos de persecución política tienen existencia de larga data, por qué razón deberíamos pensar que dejaron de existir y por qué no deberíamos atrevernos a pensar que, a diferencia de otros momentos, los mismos se han refinado. Así, nos permitiríamos detenernos un momento en el Poder Judicial como un modo de resolución de conflictos políticos.
En un reciente libro editado por CLACSO y titulado de modo sugerente Lawfare. La guerra por otros medios, Silvina Romano advierte sobre el reiterado “uso de la ley como arma” o la “guerra por vía legal”. Es decir, el uso de mecanismos judiciales y la exposición pública en los medios masivos de comunicación como modo de anular, desactivar adversarios políticos. Expulsarlo de la esfera política. Eso mismo acaba de ocurrir con la CSJN, el comportamiento de esos tres muñecos que conforman la Corte produce una herida fatal más a la democracia.
El lawfare es un componente de la máquina de guerra del Capital para desestabilizar gobiernos o sacar del juego a actores que pueden resultar claves, utilizando el Poder Judicial para dar una fachada de legalidad a esta fanfarronería.
El Poder Judicial en Argentina es uno de los poderes más desprestigiados que existe, de los más elitistas y menos democráticos. Le bastan a la Corte veintisiete páginas para llevarse puesta la democracia. Este Poder que condena a una de las máximas referencias políticas nacionales, es el mismo que ha dejado pasar magistralmente de largo los desfalcos producidos por los Macri, los Calcaterra, los Caputo, los Milei.
Pese a querer convencernos que con este fallo se consolida el sistema institucional democrático y republicano, se parece mucho más a un mecanismo de proscripción que a uno propio del republicanismo.
En esas veintisiete páginas la Corte falla a favor de las instancias previas y con ello respalda las decisiones orgánicas del Poder Judicial y de los poderes económicos por los que habla. En otras palabras, falla a favor de la familia judicial y el Capital, no de la democracia.
Este fallo supura deseo de cáncer y deseo de muerte.
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