Bailaque envió la renuncia al Ministerio de Justicia nacional el martes. El texto breve, no hace alusión a los motivos de la dimisión. Sólo dice que la presenta “para que se haga efectiva a partir del día 1º de julio del corriente año”.
El magistrado debía presentarse el 17 de este mes a la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que lo convocó para ejercer su defensa en dos procesos que se le iniciaron para su destitución por mal desempeño en sus funciones.
Sin embargo, antes de enfrentar esa instancia, y acorralado por tres imputaciones formales ante un juez de Garantías -que, a la vez, le dictó la prisión preventiva por 90 días y lo embargó por una cifra millonaria- decidió renunciar a su cargo. Para que la dimisión se haga efectiva, el procedimiento contempla que el presidente de la Nación -que es quien nombra en sus cargos a los jueces federales- acepte la renuncia.
Los fiscales federales de Rosario Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de Diego Iglesias, investigaron a Bailaque y lo acusaron formalmente. El juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso a fines de abril la prisión preventiva de Bailaque y luego la Cámara Federal de Rosario la mantuvo, pero en la modalidad de arresto domiciliario por 90 días que se pueden prorrogar según avance la causa. Además, el tribunal redujo el embargo sobre los bienes del juez y mantuvo la prohibición de salida del país. Todo eso fue ratificado la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Bailaque fue imputado en tres legajos judiciales: uno por presunta extorsión junto al empresario y financista rosarino Fernando Whpei -que también fue acusado formalmente y al que se le dictó prisión preventiva la semana pasada- y al ex director de la delegación Santa Fe de la Afip (hoy Arca), Carlos Vaudagna; otro por la istración de los multimillonarios fondos bloqueados de una cooperativa que fueron para a una mutual supuestamente vinculada a Whpei; y la tercera por presuntas demoras en la tramitación de medidas en una causa que investigaba al narco rosarino ya condenado, Esteban Lindor Alvarado.
En paralelo a la causa penal, como ya se dijo, se tramita una acusación por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Comisión de Acusación del Consejo lo citó a que haga un descargo el martes de la semana que viene . El juez ya informó que lo hará por escrito. Después de esa audiencia, el Consejo quedará en condiciones de resolver si avanza con la acusación y suspende a Bailaque en el cargo y lo envía a juicio político. Recién en la etapa de juicio político es cuando Bailaque puede ser destituido y así perder los fueros que le impiden la detención para que comience a cumplir la prisión preventiva.
Con la presentación de la renuncia cambia el escenario. Primero debe ser aceptada por el gobierno nacional que tienen la posibilidad también de no hacerlo. Si la acepta, Bailaque deja de ser juez, pierde los fueros y es detenido. También se cierra la denuncia en el Consejo porque allí se tramita la causa en condición de juez. Además, puede acceder a la jubilación.
Pero si el gobierno no lo acepta continúa el trámite del expediente en el Consejo y Bailaque podría ser enviado a juicio político y ser destituido -en ese escenario perdería la jubilación- pero hasta que eso ocurra seguiría siendo juez. Como paso previo a la decisión, el Ministerio de Justicia de la Nación le pedirá al Consejo un informe sobre la situación de Bailaque.
Cabe recordar que hace 10 días la la Cámara Federal de Rosario rechazó la apelación interpuesta por la defensa de Bailaque a la prisión preventiva dictada contra el magistrado en primera instancia en una causa en la que tiene tres acusados, por los delitos de prevaricato, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El tribunal morigeró la medida al otorgarle arresto domiciliario, pero el fallo no se hará efectivo mientras el acusado mantenga los fueros que le otorgan su cargo.
La resolución fue firmada, de manera unánime, por los camaristas Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal, quienes intervinieron ante una apelación de la defensa de Bailaque luego de que el juez de garantías de primera instancia, Eduardo Rodrigues Da Cruz, le dictada prisión preventiva al magistrado.
La jueza Vidal redujo el embargo dispuesto en primera instancia sobre los bienes de Bailaque de $1.400 millones a $600 millones, detallaron fuentes judiciales. Sin embargo, ninguna de esas medidas es de ejecución efectiva puesto que el acusado goza de la inmunidad de arresto que le confiere su condición de juez federal.
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