Desde noviembre de 2023, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario transcurre el juicio por delitos como privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos, homicidios agravados y asociación ilícita contra 67 víctimas, ocurridos a partir de la represión desatada el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución.
Es el primer proceso en Santa Fe que investiga las responsabilidades del poder económico -en este caso jerárquicos de la empresa Acindar, cuyo directorio estaba presidido entonces por José Alfredo Martínez de Hoz- en los crímenes ocurridos en la represión al movimiento sindical liderado por la Lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esa ciudad santafesina.
Los hechos por los que fueron llevados a juicio dos ex directivos de Acindar y 16 policías ocurrieron durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial, como respuesta a la histórica protesta conocida como "El Villazo".
De acuerdo con la acusación fiscal, los secuestros de las víctimas sucedieron entre el 20 y el 26 de marzo de ese año y las privaciones de la libertad se prolongaron luego por meses o años, según cada caso.
En el alegato, Murray y Baella repasaron el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos, para analizarlos no como sucesos aislados sino como parte de una continuidad histórica de represión al movimiento sindical, social y político, que se intensificó con la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976.
Desarrollaron los conceptos de “captura del Estado” y “reconfiguración cooptada del Estado” para referirse a situaciones en las que emrpesas como Acindar influyeron en la formulación de leyes, normas y políticas públicas para favorecer sus intereses en detrimento del bienestar general, con “una captura que no solo es económica, sino también política, social y moral”.
Así, señalaron la relación entre Acindar -entonces una empresa de la familia Acevedo- y el Estado “alcanzó su punto máximo durante la última dictadura cívico-militar con la designación de un general al frente de la empresa y del expresidente de la firma, José Alfredo Martínez de Hoz, como ministro de Economía del dictador Jorge Rafael Videa. “Consolidando un sistema de favores mutuos”, remarcaron sobre ese vínculo entre capital y Estado.
De acuerdo con los fiscales, en aquel contexto Acindar desempeñó un rol activo en la represión, proporcionando infraestructura, como en el caso del “Albergue de Solteros” utilizado como sitio de tortura, y apoyo logístico a las fuerzas represivas. A cambio, marcaron los representantes del MPF, la empresa obtuvo una serie de “ventajas”.
Entre ellas, mencionaron “la obtención de diversos beneficios mediante su inclusión en el Plan Siderúrgico Nacional; el a información privilegiada al integrar el directorio de Somisa (la siderurgia de San Nicolás) con capital privado; precios subsidiados de materia prima y promociones industriales, con exenciones y diferimientos fiscales”.
La captura del Estado por parte del capital y ese sistema de “favores mutuos” también derivó en “el disciplinamiento de sus trabajadores a través de la represión del movimiento sindical; la obtención de créditos de la banca estatal y de organismos multilaterales en condiciones diferenciales; la asunción y absorción por parte del Estado nacional de toda la deuda interna y externa contraída por la empresa”.
Los fiscales mencionaron, además, “la permisividad de venta de sus productos en el mercado interno a precios que duplicaban o triplicaban los precios a que esos mismos productos eran exportados” y “la posibilidad de adquisición, absorción y disolución de otros grupos empresarios y pequeñas y medianas empresas que no recibieron similares beneficios”.
Mediante esas “ventajas” aceitadas desde el Estado, para los representantes del Ministerio Público Fiscal, Acindar se consolidó como “líder en el duopolio siderúrgico, tras eliminar la resistencia obrera y absorber empresas menores”.
De esa manera, el triunfo de la Lista Marrón en las elecciones de la UOM, que a nivel nacional estaba conducida por Lorenzo Miguel, derivó en la intervención de la seccional, la anulación de las elecciones y un a nueva convocatoria a comicios. Que volvió a ganar la lista encabezada por Alberto Piccinini.
Ese triunfo –describió la Fiscalía en la contextualización histórica de su acusación– cambió radicalmente la situación y dio lugar a una serie de avances respecto a los derechos de los obreros que generaron numerosas tensiones con el sindicalismo ortodoxo.
La investigadora de Flacso y del Conicet, Victoria Basualdo, cuya tesis doctoral tuvo como objeto de estudio estos hechos, declaró en la causa que el triunfo de la Lista Marrón “desencadenó una larga lista de reformas en el sindicato local, se mejoró la atención médica, se propuso crear un Policlínico que no existía, se trabajó con los delegados para elaborar anteproyectos de paritarias, se reactivaron los Congresos de Delegados entre Fábricas, y se logró una articulación con otros sectores de trabajadores locales, incluyendo trabajadores portuarios, ferroviarios, municipales, textiles, aceiteros, de comercio, bancarios y maestros entre muchos otros”.
La tensa paz se extendió entre noviembre de 1974 y marzo del año siguiente en la zona fabril de Villa Constitución. En febrero de 1975 la entonces presidenta María Estela Martínez -viuda de Perón y conocida como “Isabelita”- y parte de sus ministros firmaron el decreto que habilitó en Tucumán el “Operativo Independencia”, que facultaba al “comando General del Ejército” a “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Para Villa Constitución no hubo formalismos istrativos.
Al mes siguiente, la prensa se refirió a “información sobre una merma en la producción en lugares como San Nicolás y Villa Constitución, donde la UOM tiene filiales dirigidas por sindicalistas radicalizados”. Se iba preparando el terreno para la intervención.
El mismo 20 de marzo el diario La Tribuna, que entonces se editaba en Rosario, presentó como principal título de portada: “Descubrióse un vasto complot. Destinado a paralizar la industria pesada entre San Nicolás y nuestra ciudad”.
Había comenzado lo que el ministro del Interior de entonces, Alberto Rocamora, denominó “Operativo Serpiente Roja del Paraná”, destinado a “combatir el complot a la industria pesada” que consistía en perseguir “a los subversivos”. El único realmente conjurado contra la industria nacional era entonces directivo de Acindar e iba a convertirse en ministro de Economía de la dictadura.
El “Operativo Serpiente Roja” consistió en la “ocupación” de Villa Constitución con militares, fuerzas de seguridad federales, bonaerenses y santafesinas, y las patotas de la Juventud Sindical y la Triple A.
“Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas”, describieron los fiscales del juicio en su texto de pedido de elevacion a juicio.
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